Información de AFP
“Nuestras investigaciones y análisis muestran que el Estado venezolano utiliza los servicios de inteligencia y sus agentes para reprimir la disidencia en el país. Esto conduce a la comisión de graves delitos y violaciones de los derechos humanos, incluidos actos de tortura y violencia sexual”, denuncia Marta Valiñas, presidenta de la Misión Internacional Independiente de la ONU sobre Venezuela.
Las conclusiones presentadas este martes muestran el papel del servicio de inteligencia (SEBIN) y la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) para llevar a cabo estos atropellos “en la ejecución de un plan orquestado por el presidente Nicolás Maduro y otras autoridades de alto nivel para reprimir a la oposición al gobierno, incluso mediante la comisión de torturas de extrema gravedad, que son constitutivas de crímenes de lesa humanidad”, señala la misión en un comunicado de prensa.
La misión ha documentado 122 casos de víctimas que fueron “sometidas a tortura, violencia sexual y/u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes” perpetrados por agentes de la DGCIM desde 2014 hasta la actualidad.
Entre los métodos de tortura utilizados figuran “palizas con objetos, descargas eléctricas, asfixia con bolsas de plástico y posiciones de estrés, así como formas de tortura psicológica, como la ‘tortura blanca’”, detalla el texto.
Estos hechos tenían lugar en su sede de Boleíta, en Caracas, y en una red de centros de detención encubiertos en todo el país.
Según el análisis de la misión y la información recibida, las autoridades detuvieron a personas supuestamente disidentes y opositoras al gobierno. En algunos casos, Maduro y otras personas de su círculo cercano, así como otras autoridades de alto nivel, “participaron en la selección de los objetivos”.
El informe también cita a Maduro y a Diosdado Cabello, número dos del chavismo, como origen de las órdenes para identificar a algunos de los detenidos por el SEBIN.
Los servicios de inteligencia “han torturado o infligido malos tratos a detenidos –entre ellos políticos de la oposición, periodistas, manifestantes y defensores de los derechos humanos– principalmente en el centro de detención ‘El Helicoide’”, en la capital venezolana.
Exdetenidos en este centro explicaron a la misión de la ONU las pésimas condiciones en las que se encontraban y que muchos presos “tenían que orinar en botellas de plástico”, porque sólo se les permitía una visita diaria al baño. Había celdas “privilegiadas” con mejores condiciones para las que los detenidos tenían que pagar.
La misión ha investigado 51 casos que ocurrieron desde 2014.
“Tanto el SEBIN como la DGCIM hicieron uso de la violencia sexual y de género para torturar y humillar a sus detenidos”, añade.
La misión, que ya presentó dos anteriores informes –en 2020 y en 2021– haciendo hincapié en las violaciones de los derechos humanos en el país latinoamericano, insiste en que estos hechos, especialmente los cometidos por el SEBIN y la DGCIM, “continúan hasta hoy”.
Y advierte que “han tenido lugar en un clima de casi total impunidad”, en términos de Francisco Cox, miembro de la misión de la ONU.
Además de las conclusiones sobre el papel de los servicios de inteligencia, el panel de la ONU también publica un informe sobre las violaciones de los derechos humanos, cometidas por “actores estatales y no estatales”, contra la población local en el llamado Arco Minero del Orinoco, extensa región del sur de Venezuela rica en oro y otros minerales como hierro o coltán.
El grupo detalla “privaciones arbitrarias de la vida, desapariciones, extorsiones, castigos corporales y violencia sexual y de género”.
En el Estado de Bolívar y en otras zonas mineras, “las poblaciones locales, incluidos los pueblos indígenas, están atrapadas en una violenta batalla entre actores estatales y grupos armados criminales por el control del oro”, añade.
La misión insiste en la necesidad de una investigación más profunda sobre esta región.
Desde su creación en 2019, el grupo de la ONU no ha sido autorizado a entrar en Venezuela y ha llevado a cabo sus investigaciones en las regiones fronterizas y a partir de entrevistas a distancia.
Basa sus conclusiones en 246 entrevistas confidenciales con víctimas, sus familiares y exfuncionarios de los servicios de seguridad e inteligencia.
Imagen: Referencial
