EFE
El Ministerio Público ordenó este martes abrir una investigación contra funcionarios de la División Contra la Delincuencia Organizada de la Policía Nacional Bolivariana (DAET-PNB) en el estado Sucre, por cometer abuso de poder contra una familia a la que obligaron a acudir a una sede policial sin justificación, violando sus derechos humanos.
El fiscal Tarek William Saab, informó de la investigación en su cuenta en la red social X, donde compartió un video en el que se ven a cuatro funcionarios y una mujer que narra que fue detenida junto a su esposo, sus dos hijos y su suegra y que debe acompañar a los policías, aunque no entiende los motivos.
«El MP de Sucre designa a la Fiscalía 5 contra corrupción para investigar y sancionar hechos irregulares cometidos por funcionarios adscritos al DAET-PNB, quienes obligan a una humilde ciudadana, a su esposo e hijos a acompañarlos al comando policial sin existir una flagrancia u orden de aprehensión que lo justifique», explicó el fiscal.
Saab, que acostumbra compartir en redes sociales información relacionada con investigaciones por distintos delitos, agregó que, con esta acción, los policías incurren en una violación de los derechos humanos de esta familia.
Han bajado
El pasado 27 de septiembre, el fiscal aseguró que las denuncias de violaciones a los derechos humanos en Venezuela han bajado un 42 % desde principios de 2018 y hasta esa fecha.
Recordó entonces que, en 2018, el Ministerio Público recibió 13.234 denuncias, mientras que el pasado año fueron 7.639, aunque no ofreció la cifra de casos contabilizados por la Fiscalía durante este año.
Aseguró que, en el período comprendido entre 2018 y 2022, fueron acusadas por violaciones de derechos humanos 2.304 personas, de las que 2.053 fueron imputadas, y 955 resultaron privadas de libertad.
Una semana antes, la Misión Independiente para Venezuela de la ONU aseguró que, aunque detectó que los abusos se han reducido desde 2020, «continúan cometiéndose» «violaciones graves a los derechos humanos, que recientemente se han llevado a cabo de manera selectiva contra personas de la sociedad civil».
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