Información EFE
La vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, dijo este martes que «la sentencia ya estaba escrita», luego de que la Fiscalía pidiera para ella ayer una condena de 12 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos en el juicio por presuntas irregularidades en la adjudicación de obra pública cuando era mandataria (2007-2015).
“La sentencia ya estaba escrita”, recordó Cristina Fernández, algo que ya había dicho en la declaración indagatoria que realizó en 2019, en un discurso que emite este martes a través de sus redes sociales desde su despacho en el Senado —del que es presidenta— al cuestionar que la Justicia rechazara su pedido de ampliar su declaración indagatoria en esta etapa del juicio.
Cristina Fernández está acusada por el presunto delito de asociación ilícita y administración fraudulenta de fondos públicos, debido a supuestas irregularidades en la concesión de 51 obras públicas a firmas del empresario Lázaro Báez durante su mandato entre 2007 y 2015 y del fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) en la austral provincia de Santa Cruz.
«Los fiscales pudieron leer su guion durante nueve jornadas. Me hubiera gustado hablar frente al tribunal», dijo este martes Cristina Fernández, para luego quejarse de que no le hayan permitido transmitir ni televisar la declaración indagatoria en 2019 y que ahora le rechazaran la ampliación de su indagatoria.
«No debía sorprenderme porque, tal como dije en esa oportunidad, la sentencia ya estaba escrita», indicó.
Una «feroz» campaña política y mediática
Acompañada por los cánticos de centenares de seguidores que se reunieron a las puertas del Congreso, la exmandataria relató de forma cronológica los pormenores de una investigación —conocida como ‘Causa Vialidad’— que supuso, en su opinión, una «feroz campaña política y mediática» en su contra, basada en supuestos sobreprecios en torno a la construcción de «rutas inexistentes» en la provincia sureña de Santa Cruz, cuna política del kirchnerismo.
Durante su alocución, la vicepresidenta argumentó que no existen pruebas en su contra y que ninguno de los citados a declarar durante el juicio apoyó con su testimonio la versión de los fiscales, a quienes culpó de adoptar el «guion» de los medios de comunicación afines a la actual oposición política.
Fernández aprovechó su intervención para cargar contra su sucesor en el cargo, el liberal Mauricio Macri (2015-2019), y contra el político opositor Fabián «Pepín» Rodríguez Simón, que lleva casi dos años prófugo, al señalarlos como responsables de construir un entramado judicial dedicado a perseguir a los funcionarios de los gobiernos kirchneristas.
«Finalmente, afloró un sistema judicial totalmente compenetrado con los servicios de inteligencia y obviamente dirigido, direccionado y creado desde la propia Casa Rosada a través de Mauricio Macri», aseveró la vicepresidenta.
«(Fabián Rodríguez Simón) es el único dirigente político prófugo y no es peronista. Ninguno de nosotros se profugó cuando nos persiguieron, nos amenazaron y nos encarcelaron. Nos quedamos acá, en la Argentina, a dar cuentas. Ustedes, huyen. A la primera citación que tienen, huyen», agregó.
Fernández, que en los últimos años ha sorteado los pedidos de prisión preventiva dictados en su contra en diversas causas, en muchas de las cuales fue sobreseída gracias a los fueros que le protegen, siempre ha defendido su inocencia y ha asegurado ser blanco de una persecución política.
En caso de que fuese condenada, la vicepresidenta, de 69 años y quien en principio goza de fueros hasta diciembre de 2023, tendrá el derecho de recurrir la sentencia ante tribunales superiores.
A favor y en contra
Grupos a favor y en contra de la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, se manifestaban en la noche de este lunes en Buenos Aires, luego de que un fiscal pidiera que se condene a la expresidenta a 12 años de prisión en un caso por presunta corrupción.
Las manifestaciones se registraban a las puertas del edificio donde tiene su residencia la vicepresidenta, en el capitalino barrio de Recoleta.
Hasta allí llegaron primero personas opositoras al Gobierno, que celebraron la decisión del fiscal Diego Luciani de solicitar en su alegato final en el juicio que se le sigue a Cristina Fernández que el tribunal la condene a 12 años de cárcel e inhabilitación a perpetuidad para desempeñar cargos públicos por presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas durante los gobierno kirchneristas (20033-2015).
Más tarde llegaron personas afines a la expresidenta y ambos grupos comenzaron a cruzar insultos.
Rápidamente se desplegaron fuerzas policiales para separar a ambos grupos, momento de tensión en que se registraron algunos forcejeos con los efectivos de seguridad.
A través de un mensaje en Twitter, Cristina Fernández acusó a la Policía de la ciudad de Buenos Aires, que responde al Gobierno del alcalde Horacio Rodríguez Larreta -opositor al Ejecutivo argentino-, de reprimir a quienes se acercaron a manifestarle su apoyo frente «a los insultos de un grupo de energúmenos» alineados con el expresidente Mauricio Macri (2015-2019),
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