Las organizaciones Frente Nacional de Abogados, Movimiento de Unidad Gremial, Funda Presos, La Voz del Gremio, así como el movimiento Abogados por Carabobo rechazaron «las intenciones del Tribunal Supremo de Justicia de aplicar medidas que supuestamente atentan contra el libre ejercicio del Derecho».
La denuncia la hicieron un grupo de profesionales de ese sector durante una rueda de prensa, donde explicaron que el TSJ pretende aplicar el denominado Plan Cayapa, a través del cual se estaría violando presuntamente el artículo 253 de la Carta Magna que faculta a los abogados a formar parte de la actividad judicial.
Moisés Mujica, en representación de Funda Presos, expresó que la resolución emanada por el máximo organismo judicial consta de 12 puntos que buscan sembrar el miedo y silenciar al gremio operador de justicia.
Por su parte, Ramón Carmona integrante del Frente Nacional de Abogados, detalló que el Plan Cayapa, en su punto numero 11 establece que: «no se permitirá la participación de abogados privados en la defensa de los procesados, aspecto que cercena el artículo 49 de la Constitución Nacional, el cual garantiza el justo proceso a la defensa de los imputados en algún delito».
Asimismo, aseguró que «el dictamen establece que jueces de otros estados pueden trasladarse a otras entidades a ejercer justicia violando el derecho del procesado de ser juzgados por un magistrado natural o de su jurisdicción».
Además, sostuvo que «la medida induce a la partidización del ámbito judicial al asignar diputados de la Asamblea Nacional como coordinadores de ese operativo en cada entidad».
“Con la implementación del Plan Cayapa el gobierno nacional aplica una justicia a su conveniencia secuestrando el Poder Judicial, obstaculizando la labor de los abogados y negándole un proceso transparente al procesado”, insistió Carmona.
Entre tanto, Noé Mujica, miembro del Frente Nacional de Abogados, expuso que emprenderán una serie de acciones para frenar los propósitos del TSJ de presuntamente alterar la correcta administración de justicia implementando el Plan Cayapa, medida que confirma el fracaso del gobierno en esa materia.
“Se pretende anular el ejercicio libre de la profesión del derecho instaurando resoluciones que colocan barreras a los recursos que tienen los abogados para estar presentes en las audiencias que se desplegarán a través de ese plan”, ratificó Mujica.
En ese sentido, anunció que en los próximos días iniciarán la recopilación de la data de los expedientes que registran retardo procesal y verificar el nombre de los jueces responsables de cada caso que se encuentra en situación irregular.
“Hay abusos demasiado evidente en cuanto al retardo procesal que se van a documentar adecuadamente para ejercer la reclamación respectiva ante a la instancia correspondiente”, enfatizó Mujica.
Luego del encuentro con la prensa se dirigieron a la sede del Palacio de Justica, donde una comisión integrada por representantes de las diferentes organizaciones que agrupan a los abogados, entregó un documento al presidente del Circuito Judicial de Carabobo rechazando el Plan Cayapa implementado por el Tribunal Supremo de Justicia.
Nota de prensa
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