EFE
Este miércoles, la Confederación Sordos de Venezuela (Consorven), afirmó que la situación que atraviesan las personas con discapacidad en Venezuela es lamentable, por lo que instó a las autoridades del país a elaborar, de forma eficaz, políticas públicas en favor de esta población.
A propósito de celebrarse hoy el Día Nacional de las Personas con Discapacidad, declarado por el Parlamento en 2021, el presidente de esta ONG, Juan Ángel De Gouveia, aseguró que en Venezuela son vulnerados los derechos de esta comunidad, establecidos en convenciones internacionales de las que la nación petrolera forma parte.
“A dos años de esta proclama no se han visto cambios sustentables que beneficien o enaltezcan a las personas con discapacidad en el país”, dijo De Gouveia, citado en un comunicado.
Cierre de escuelas para discapacitados
Entre las situaciones que atraviesa esta población, Consorven destacó el cierre de escuelas especiales por falta de personal, la fuente de empleo inexistente y la falta de apoyo de intérpretes de lengua de señas en espacios o eventos públicos, además de la decadencia en la atención que ofrece el sistema público de salud.
Igualmente, subrayó que no hay estadísticas confiables sobre el número de personas con algún tipo de discapacidad, lo que dificulta la ejecución de políticas públicas y planes que beneficien a este grupo.
Leyes que no se aplican
Agregó que, en Venezuela, hay una Ley para Personas con Discapacidad, promulgada en 2016, pero que existen dificultades para ponerla en práctica por la falta de un reglamento que permita su aplicación.
“Tenemos más de 16 años con una ley sin reglamento. Nos preocupa que se estén haciendo leyes separadas por discapacidad y que pase lo mismo: que no cuenten con reglamento, dejando en un limbo jurídico a las personas con discapacidad”, explicó De Gouveia.
El pasado mes de octubre, Consorven presentó un informe, correspondiente al año 2021, en el que afirmó que el 42,3% de las personas con discapacidad en el país nunca han trabajado por razones asociadas a su discapacidad, lo que calificó como una exclusión laboral.
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