EFE
En su primer día en la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este lunes una «emergencia nacional» en la frontera con México y allanó el camino para su promesa de deportaciones masivas de migrantes.
Por medio de varios decretos, que firmó en el Despacho Oval rodeado de cámaras y periodistas, el republicano emitió una serie de órdenes ejecutivas que moldearán su promesa de militarizar la frontera, prohibir la entrada de migrantes y solicitantes de asilo y deportar a los más de 11 millones de personas que viven en EE.UU. sin un estatus legal.
«No tengo una mayor responsabilidad que la de defender a nuestro país de amenazas e invasiones y eso es exactamente lo que voy a hacer», señaló durante su primer discurso como líder del país.
Fuerzas militares contra una «invasión»
Citando una «emergencia nacional», autorizó en una extensa orden ejecutiva el uso de las fuerzas militares en la frontera con México para «asegurar» esa linde y repeler «formas de invasión», incluyendo la migración hacia EE.UU. y el tráfico de drogas.
El documento ordena a las autoridades «deportar inmediatamente» a todos los migrantes que entren de manera irregular en EE.UU., indicando que se restaurarán las deportaciones en caliente.
A su vez, restaura el programa conocido como ‘Permanece en México’, vigente durante su primer mandato (2017-2021) y que obligaba a los migrantes a esperar en el país vecino a que las autoridades procesaran sus casos.
Fin del CBP One y parole humanitario
El presidente puso también fin a dos programas que fueron creados por su antecesor, Joe Biden (2021-2025), para disuadir la migración irregular: la aplicación móvil CBP One y el permiso humanitario (conocido como ‘parole’) para ciudadanos de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela.
A través de CBP One, los migrantes que estaban en territorio mexicano podían rellenar un formulario con sus datos y solicitar una cita para presentarse a un puerto de entrada de la frontera sur.
A través de esta aplicación, que empezó a funcionar en enero de 2023, más de 930 mil personas se presentaron para que las autoridades procesaran sus casos, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
El parole – que consistía en un permiso para viajar a EE.UU. por avión- permitió la entrada de más de 531 mil migrantes de los cuatro países beneficiarios.
Carteles mexicanos, Tren de Aragua y MS-13: terroristas
El presidente ordenó clasificar a los carteles mexicanos, al grupo criminal venezolano Tren de Aragua y a la pandilla salvadoreña MS-13 como organizaciones terroristas.
Estos grupos pasarán a formar parte de una lista de organizaciones -que incluye al Estado Islámico y a Al-Qaeda- a las que las empresas y ciudadanos estadounidenses tienen prohibido dar «apoyo material».
En concreto, respecto al Tren de Aragua – una grupo criminal al que Trump hizo referencia en múltiples ocasiones durante la campaña en discursos estigmatizando a todos los migrantes venezolanos- ordenó la deportación de quienes sean considerados «miembros» de la banda.
Pausa al programa de refugiados
También a través de un decreto, Trump ordenó pausar por tres meses el programa de refugiados de EE.UU., que permite la entrada en el país de personas que huyen de la guerra o la persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, participación en un grupo social o ideología política.
El Gobierno de Biden había aumentado la cantidad de refugiados admitidos en este programa – con una máximo de 125.000 personas al año-, tras haber alcanzado bajos históricos en 2021 durante el último año del Gobierno de Trump.
«Fin» de la ciudadanía para hijos de indocumentados
Trump firmó también un decreto que busca negar la ciudadanía a los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en territorio estadounidense, un derecho protegido por la enmienda 14 de la Constitución de EE.UU.
La Casa Blanca no ha detallado cómo se implementará esta medida, que previsiblemente enfrentará desafíos legales en los tribunales y que muchos expertos consideran inconstitucional.
Para redefinir la ciudadanía por nacimiento, la vía más directa sería proponer una enmienda constitucional, lo que requeriría una mayoría de dos tercios en la Cámara de Representantes y el Senado, así como la ratificación de tres cuartas partes de los estados, según explicó recientemente el historiador Scott Bomboy en un análisis publicado por el National Constitution Center, institución dedicada al estudio de la Constitución.
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