Representantes del Frente Nacional de Abogado de Venezuela (FNAV), Funda Presos y Movimiento Gremial reiteraron ante la Fiscalía las denuncias contra el juez cuarto de Primera Instancia del estado Carabobo, José Alberto Morillo Torrellas, por las presuntas irregularidades cometidos en los procedimientos de administración de justicia en el caso del decomiso de 90 toneladas de urea.
El presidente del FNAV, Noé Mujica explicó que acudieron al Ministerio Público a exigir que se inicie una investigación contra el mencionado magistrado por presuntamente haber incurrido en delitos contra la corrupción, y violado la Ley Orgánica contra las Drogas, al no dar respuesta por la desaparición de las 90 toneladas de ureas que forman parte de la pruebas del expediente 2022400315.
“El juez Morillo Torrellas pertenece a la cadena de custodia de la urea decomisada que inexplicable desapareció, sin embargo se niega informarnos a los jurista que conformamos la defensa, dónde se encuentran esas pruebas que forman el expediente en cuestión” indicó.
Por su parte, Moisés Mujica, presidente de Funda Presos, quien también integra la defensa del caso, detalló que acudieron al despacho del juez Cuarto de Juicio a solicitar una copia certificada de la causa, pero según el abogado la petición fue negada por el titular de ese tribunal, incurriendo así en obstrucción a la justicia y retardo procesal.
“Fuimos agredidos a empujones por el propio Juez Morillo y nos amenazó con abrirnos una investigación por forjamiento de expediente si insistíamos con solicitar las copias certificadas del expediente. Hacemos un llamado al presidente del Circuito Judicial del estado Carabobo para que se pronuncie en torno a estas graves irregularidades”, enfatizó
Asimismo, el presidente del FNAV insistió que el fiscal Superior de Carabobo debe fijar posición acerca de las denuncias consignadas contra la jueza Melisa D’Sousa, por negación y obstrucción a la justicia en la misma causa.
Acotó que la Inspectoría General de Tribunales y la Dirección de la Magistratura tienen conocimiento acerca de las supuestas alteraciones que se registran en el caso del decomiso de 90 toneladas de urea, por lo que exigen una respuesta de esos organismos acerca de esas presuntas irregularidades que registra la administración de justicia en Carabobo.
Durante el proceso administrativo que se realiza por caso del decomiso en el caso amparado en los artículos 186, 187, 188 Código Orgánico Penal, que garantiza al procesado un juicio sin alteraciones de hechos y evidencias, fallas en la que presuntamente ha incurrido la juez De Sousa en el caso del decomiso de noventa toneladas de urea.
“Por ese caso se abrió el expediente número 2022400315, el cual presenta una serie de irregularidades, entre ellas la orden de privativa de libertad contra Mileidy Rodríguez emitida en la audiencia preliminar sin haber sido imputada ante el Ministerio Publico, acusada junto a Élvido Gutiérrez, Juan Carlos Cedeño, y Francisco Javier Carpio por presunto tráfico ilegal de urea”, detalló Mujica.
Asimismo, dijo que la audiencia preliminar no fue firmada por el juez, ni por el secretario del tribunal, ni el alguacil lo cual implica que el proceso estaría lleno de vicios y todo lo actuado en la causa sería jurídicamente nulo.
Sostuvo que la juez emitió 4 boletas de excarcelación por un sobreseimiento sin auto motivado y que no existe en el expediente, medida que beneficio sin justificación legal a otras personas que también estaban detenidas por este caso.
El presidente de Funda Presos añadió que en plena etapa de investigación la juez de primera instancia entregó sin ningún acto oficial la urea incautada dejando sin evidencia a los imputados, violando la tutela judicial y el debido derecho a la defensa
Considera que si el Ministerio Público y Tribunal de Control acordaron entregar evidencias porque no hay ningún tipo de ilicitud, sus defendidos deberían estar en libertad, sin embargo llevan 8 meses recluidos en la sede de la Policía Nacional Bolivariana, ubicada en Los Guayos.
“Pedimos al fiscal general que se investigue a la juez Melissa De Soussa por extravío y entrega de evidencias en perjuicio de personas que ilegítimamente están privadas de libertad por el decomiso de noventa toneladas de urea. Así como al fiscal 27 con Competencia Nacional que insiste en llevar una causa viciada”, ,manifestó Moisés Mujica.
Nota de prensa
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