Por Kendal Pérez
A partir de 1854, cuando José Gregorio Monagas da libertad a los esclavos es necesaria la acuñación de monedas para pagar a los libertos que fueron contratados como asalariados por los dueños de las haciendas; sin embargo, esto no fue tarea fácil, considerando la extensión territorial y la crisis económica y social que se vivía.
En las haciendas de los Valles del Tuy, donde se cultivaba el cacao para exportar a Europa y trabajaba gran cantidad de peones se acuñaron fichas para ese fin; eran de latón, cobre o plomo valoradas en 1/4 o 1/2 real.
Más tarde esta práctica se generalizó y las fichas se hicieron común en todo el territorio. Cada hacienda tenía su propia y particular ficha, la cual no era canjeable o válida en otras haciendas.
Un «negocio redondo» para los hacendados porque en los terrenos de la hacienda estaba la pulpería, allí se vendía lo que el campesino necesitaba: desde la manteca para freír los plátanos, la vela para alumbrarse, hasta las alpargatas y el hilo para calzarse y vestir.
El trabajador siempre iba a estar endeudado porque lo que le pagaban era menos de lo que compraba o fiaba. El drama no terminaba ahí: los precios dependían del antojo del hacendado y de paso las deudas eran hereditarias.
Esta dominación económica y social estuvo vigente hasta la muerte de Juan Vicente Gómez y se observó con menos fuerza en el gobierno sucesor de Eleazar López Contreras (1936-1941).
Para su quiebre jugó papel determinante el comienzo de la explotación del petróleo, que ocasionó un gran sacudón en el aparato productivo y entre otras cosas favoreció la desapareción de la ficha.
Ahora bien, en pleno siglo XXI el modelo económico se ha resentido debido a la mala administración del petróleo, peor tratamiento de la infraestructura productiva y pésima comercialización.
La repercusión inmediata a los bolsillos y neveras de las clases populares condujo a que el mismo gobierno declarara en el 2016 Estado de excepción y Emergencia económica. El 3 de abril de 2016 el señor Maduro anunció el nacimiento de los Comités Locales de Alimentación y Producción (CLAP). Estos no son más que unas bolsas con algo de carbohidratos que entregan dos o tres veces por año.
Con este mecanismo el gobierno declara reorientar la «misión alimentaria» y dar un «beneficio» a la población. En realidad el objetivo implícito es manipular el clamor popular, brindar falsas expectativas y mantener una población sumisa desviando su atención y esperando por meses unas bolsas de arroz cuando la alimentación es un derecho constitucional inalienable.
En el siglo XIX, las fichas mantuvieron al campesino sumiso y dominado en las haciendas. En el siglo XXI, el CLAP, facilita al gobierno meter sus manos corruptas en la Hacienda Pública, perpetuarse en el poder y deteriorar la salud de los venezolanos.
Kendal Pérez sociólogo y licenciada en Educación
