EFE
Más de un millar de personas, la mayoría familias latinas con niños, participaron el sábado 27 de mayo en una marcha en rechazo a la ley de migración que entrará en vigor en julio próximo en Florida, cuyo promotor es el gobernador Ron DeSantis, quien aspira a competir por la Casa Blanca en 2024.
La «marcha de la unidad» recorrió las calles del centro de Homestead, una ciudad del sur de Florida situada a unos 60 kilómetros de Miami y con una importante comunidad de trabajadores agrarios centroamericanos y mexicanos.
En una de las etapas, los manifestantes se concentraron en una plaza frente a la sede del Gobierno municipal con carteles con leyendas como «Nuestra economía depende de los inmigrantes», «Soy un trabajador, no un delincuente» y «Producimos para la riqueza de este país».
Allí hablaron líderes comunitarios y representantes de confesiones religiosas en defensa de la «dignidad de los migrantes», y para explicar el alcance de la ley SB1718 y los riesgos que entraña para los inmigrantes indocumentados de Florida.
Migrantes latinos se manifiestan contra nueva ley
Según diversas fuentes, hay alrededor de 800 mil indocumentados en un estado de 21,5 millones de habitantes.
«Queremos que se haga visible la resistencia de la comunidad a la ley SB1718, independientemente de que sea cuestionada en la justicia y en ámbitos políticos», dijo Oscar Londoño, de We Count! (Nosotros contamos), la organización convocante.
La nueva ley no solo castiga a las empresas que den trabajo a indocumentados con fuertes multas, sino a los familiares u otras personas que los ayuden, no reconoce las licencias para manejar vehículos emitidas por estados más benevolentes y obliga a los centros médicos a preguntar por el estatus migratorio de un paciente para que quede registrado.
Organizaciones pro inmigrantes y el Partido Demócrata de Florida han criticado la ley, una de la más duras del país, no solo por los sufrimientos que acarrea a los indocumentados de Florida, sino por los efectos para la economía del estado y especialmente la agricultura, el turismo y la construcción.
«Ya estamos escuchando de gente que ha decidido irse o está planificando hacerlo por miedo a ser detenidos y deportados y perder todo lo que han construido aquí. También los empleadores están bien preocupados, porque están perdiendo a sus empleados», señaló Londoño.
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