EFE
La oposición mayoritaria de Venezuela, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), denunció este domingo que el Gobierno de Nicolás Maduro pretende diseñar unas elecciones antidemocráticas contraviniendo lo acordado por las partes en octubre pasado, cuando pactaron unas garantías de cara a las presidenciales previstas para el segundo semestre.
«Queremos alertar acerca de la pretensión de Nicolás Maduro de quedarse en el poder sin tener el apoyo de los votos del pueblo», dice un comunicado de la PUD, en el que cuestionan las reuniones convocadas por el Parlamento, controlado por el chavismo, para diseñar a partir de mañana un cronograma para las presidenciales, aún sin fecha definida.
«El régimen y algunos de sus aliados están promoviendo reuniones como la de mañana, para tratar de diseñar un tipo de proceso electoral que se adapte a esa pretensión en contra del sentir de la gran mayoría de los venezolanos que apoyamos el cambio político por la vía democrática», prosigue el escrito.
Diseñar unas elecciones antidemocráticas
A juicio de la PUD, el espacio político para discutir el cronograma es el Acuerdo de Barbados, el que las partes firmaron en octubre y en el que se comprometieron a promover, «de manera conjunta, ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) las garantías» acordadas.
«Convocar esta reunión es totalmente improcedente, y solo puede obedecer a la intención de distorsionar lo que debe ser un proceso electoral transparente, capaz de garantizar el respeto a la voluntad del pueblo expresada libremente», concluye el comunicado.
El Parlamento recibirá este lunes a representantes de organizaciones con fines políticos, del sector religioso, empresarial y de los trabajadores para empezar a construir la propuesta de cronograma que prevén presentar ante el CNE antes de que termine la semana.
La PUD ha denunciado la violación de los acuerdos por parte del Gobierno, luego que el Tribunal Supremo de Justicia ratificase que la candidata presidencial del bloque antichavista, María Corina Machado, no podrá competir en comicios hasta 2036, lo que ha generado la condena de buena parte de la comunidad internacional.
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