A propósito de la aprobación de la Ley de Protección de Pensiones de Seguridad Social por parte de la Asamblea Nacional, la directiva de Fedecámaras nacional emitió un comunicado oficial en el que destaca que esta norma debe ser acompañada por incentivos para el sector empresarial.
A continuación el comunicado íntegro:
En oportunidad de la aprobación por parte de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, de la Ley de Protección de las Pensiones de Seguridad Social Frente al Bloqueo Imperialista, así como de su respectivo reglamento, entendemos la necesidad de que los ciudadanos disfruten de una vejez digna, con un ingreso que les permita solventar sus requerimientos básicos, ante lo cual reiteramos que este instrumento legal debe ser acompañado por una serie de incentivos para el sector empresarial.
De cierta manera, la aprobación de la alícuota de 9% (en lugar de 15%) sobre el ingreso mínimo integral (tomando US$ 130 como base) de cada empleado de las empresas del sector privado, hará posible la mejora en los ingresos de los trabajadores jubilados en este país, de acuerdo con lo señalado por representantes del gobierno nacional.
No obstante, es menester seguir insistiendo en las consideraciones de carácter económico y legal que inciden y afectan la operatividad del sector privado nacional, las cuales fueron presentadas en su oportunidad ante las respectivas autoridades del Ejecutivo nacional, y que solicitamos sean reconsideradas:
Tope máximo
Establecimiento de un tope máximo para la base del aporte, equivalente a 3 veces el ingreso mínimo integral establecido por el Ejecutivo Nacional.
Debe contemplarse la exoneración o exención del pago de la contribución para sectores prioritarios de la economía nacional, así como para aquellas empresas que contemplen planes de jubilación para sus trabajadores. Sectores como salud y educación, por ejemplo, deberían ser sujeto de exenciones.
Otros tributos
Reiteramos nuestra preocupación, por cuanto la aplicación de esta contribución agrega mayor presión fiscal a las empresas venezolanas, que cumplen periódicamente con su obligación legal de pagar tributos, entre ellos IGTF, IVA, ISRL, impuestos municipales, tasas aeroportuarias, entre otras que han sufrido incrementos considerables en los últimos meses. Las posibilidades financieras del sector privado son finitas.
Como consecuencia se verá afectada la rentabilidad, limitando las inversiones y la mejora en el ingreso de los trabajadores, estimulándose el empleo informal.
Reconsideraciones
Ante ello planteamos, además de la reconsideración de los aspectos que ya indicamos con anterioridad, que sea aprovechada la oportunidad para evaluar, entre otros aspectos, solicitudes anteriores como:
Eliminación del aporte del IGTF
Que los contribuyentes especiales vuelvan a enterar el IVA con periodicidad mensual
Revisión y adecuación del modelo de remuneración de los trabajadores
Promoción de una reforma, integral y de fondo, del sistema de seguridad social en Venezuela, así como en la revisión y adecuación de la legislación laboral vigente.
Política fiscal
En resumen, algunos aspectos claves de las discusiones deben enfocarse en el análisis de una serie de reformas para promover una política fiscal racional para las empresas, con la finalidad de incentivar la reinversión, el crecimiento y el empleo.
El sector privado siempre ha estado comprometido en armonizar a través de un diálogo social más profundo y equilibrado que funcione para todos los actores involucrados. Y es por ello que hemos estado comprometidos en discutir y promover acciones que vayan en beneficio de los trabajadores y su entorno.
Los empresarios hemos demostrado que seguimos contribuyendo con el bienestar y mejoras en la calidad de vida de la población, por lo que nuevamente solicitamos sean tomadas en consideración las propuestas antes indicadas, con lo cual continuaremos avanzando en el diseño de políticas que incentiven la inversión en el país, así como la recuperación de la rentabilidad de las empresas, lo que redundará en importantes beneficios para los trabajadores venezolanos.
Caracas, 21 de mayo de 2024
