La violenta devaluación del último mes ha contribuido a que el salario mínimo nacional decretado en marzo de $30, haya disminuido a $9,20, lo cual ha afectado profundamente las tablas salariales de la comunidad universitaria, al punto de que un obrero de grado 7 está ganando como salario básico $13,81 y un empleado de nivel 15 recibe $22. Un profesor titular a dedicación exclusiva está percibiendo $45 mensuales y un profesor instructor, $27 mensuales.
Es tan brutal la diferencia, que nuestros profesores pasaron a tener los sueldos más bajos de la región. Como ejemplo, nuestros pares colombianos ganan 288 veces más que sus colegas venezolanos en el más alto nivel a dedicación exclusiva.
Estas observaciones corresponden al vicerrector administrativo de la Universidad de Carabobo, José Ángel Ferreira, quien, en tal sentido, presentó una serie de planteamientos que, en su criterio, deben ser atendidos la brevedad posible.
–En primer término, que se aplique la Convención Colectiva homologada actual y con ello eliminar el instructivo Onapre, el cual insólitamente se sigue aplicando con todas las consecuencias negativas que esto significa –señaló el vicerrector-.
Aseguró que se debería obviar ese instructivo y establecer un nuevo salario mínimo o, en su defecto, “establecer una escala de aumentos como la que, en teoría, se firmó con el Ministerio de Educación respecto al personal de educación básica y media, quienes lograron aumentos prefijados en tres momentos para el año 2023, tres momentos del año 2024 y uno del año 2025, lo cual equivale a adelantar la quinta convención colectiva única que se vence a mediados de año, y con ello se establecería una política salarial que en el pasado fue pertinente”.
Señaló la urgente necesidad de volver al manejo de los planes de salud en forma autoadministrada por cada universidad, en lugar de depender de la centralización del Sismeu.
Por otra parte, Ferreira propuso restituir el pago de las pensiones alimentarias de niños ordenados por los tribunales, “lo que insólitamente se las ha quedado la plataforma Patria, así como también que sean devueltas las retenciones correspondientes al impuesto sobre la renta, el seguro social, la Ley de Política Habitacional, nuestras cajas de ahorro y los fondos de pensiones y jubilaciones. Ya vamos para dos años sin cobrar estas retenciones, con los consecuentes problemas tanto legales como operativos y de solvencia de unas personas que ya pagaron. Esto afecta a todos los organismos de previsión de la universidad nacional venezolana, que han visto mermada su capacidad de respuesta y de apoyo a la seguridad social”.
Refirió que ya existen universidades, como la de Carabobo, que tienen el registro de información fiscal (RIF) suspendido con todas las consecuencias negativas, pese a que la Universidad ha cumplido.
–Otra de las variables es honrar las palabras del Presidente de la República con respecto al bono para los jubilados de Bs. 10.000, absolutamente devaluados, pero una palabra empeñada públicamente que debería cumplirse. Un plan para pagar capital e intereses de prestaciones sociales, para que con ello vuelva la regularidad de años anteriores –dijo la autoridad ucista.
José Ángel Ferreira finalizó sus propuestas con la solicitud de que se honre la política de uniformes, “la cual no se ejecuta desde hace más de seis años y que son absolutamente necesarios, sobre todo en estos momentos tan difíciles en el plano económico”.
Manifestó que el 2023 apunta a ser un año muy difícil. “La universidad venezolana y, en especial, la de Carabobo, han hecho un gran esfuerzo para mantenerse, pese a que no existen recursos para gastos de funcionamiento. Hoy resaltamos la crisis en cuanto al recurso humano, ya que es con el personal con quienes contamos para tener abierta esta institución y salvaguardarla para generaciones presentes y futuras, pese a las difíciles condiciones ambientales que tenemos y a la absoluta falta de insumos y de activos”.
PRENSA – Vicerrectorado Administrativo
Universidad de Carabobo
