EFE
Invertir y fijar los precios del gas son, a juicio de expertos, claves para recuperar este servicio en Venezuela, un país que enfrenta fallas en el abastecimiento del recurso, pese a ser «la octava reserva gasífera del mundo», según el gobierno venezolano.
En ese sentido, el presidente Nicolás Maduro aseguró recientemente que el país tiene «problemas graves» en el suministro del gas, por lo que ordenó al ministro de Petróleo y presidente de la estatal Pdvsa, Rafael Tellechea, solucionar, en tres meses, las fallas, que afectan, principalmente, a siete de los 23 estados.
Pero, según dijo a EFE Antero Alvarado, socio principal en Gas Energy Latin America, un trimestre es un lapso «muy inmediato» para recuperar la industria y abastecer al país, para lo que se necesitan «años» de inversión, que cifra en unos 10.000 millones de dólares, con lo que se podrá suministrar gas directo al 70 % de los venezolanos.
Actualmente, indicó, solo el 7 % de la población tiene acceso a gas directo, el metano, que «fluye por gasoductos» hacia «algunos estados del país», mientras que otros, como los andinos Trujillo, Mérida y Táchira (oeste), «tienen que depender de la bombona», que contiene propano.
Considera como una «gran ineficiencia» que el país, con tantas reservas de gas metano, lo que más produzca sea gas propano, pues «lo ideal» sería que Venezuela «pudiera consumir grandes volúmenes» del primero.
Para esto, aseguró, se requieren «grandes gasoductos, que pueden costar (entre) 300 (y) 400 millones de dólares, que conecten con todas las ciudades», incluso con las zonas fronterizas.
No obstante, apuntó, el problema que tiene Venezuela, y que debe superar, es la falta de incentivos y de inversión.
«Sincerar» los precios
Alvarado insistió en que es necesario invertir, sobre todo en infraestructura, que no se ha hecho «en muchos años» y se debe incentivar tomando una serie de medidas, entre ellas «sincerar» los precios del servicio, a fin de que el consumidor «pague realmente el valor del gas a lo largo de la cadena» y se convierta en un negocio rentable.
«El problema raíz que yo veo es que no hay incentivos para que una empresa, por lo menos, chilena, venga y se meta en el negocio, porque no hay señales claras de precios», señaló Alvarado.
La Asociación Venezolana de Procesadores de Gas (AVPG) aseguró que la situación de precios «fuertemente rezagados» del mercado interno «no permite generar los recursos financieros requeridos» para atender los «compromisos operacionales, entre ellos los asociados a los requerimientos financieros para mantener producción propia» y los «planes de inversión».
Tito Bonadonna, director ejecutivo de la AVPG, dijo a EFE que, para generar inversión y cubrir «los costos de operación y mantenimiento, se requiere que los precios que se paguen por los productos permitan esa recuperación».
Por otra parte, la asociación señaló que hay que atender la «crítica» situación de la «quema y venteo de gas» a través de la recuperación de la infraestructura existente de manejo y compresión, para lo que sugiere la «participación del sector privado mediante un mecanismo de contratación que permita asignar instalaciones (…) paralizadas».
Retraso
De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), hubo 26 protestas en los cuatro primeros meses del año por los «tiempos de espera para la entrega de bombonas» y la «distribución desigual de cilindros de gas doméstico».
En San Blas, un sector de Petare «siempre hay problemas para acceder al gas», dijo a EFE Anabel Rodríguez, habitante de esta comunidad, donde la recarga de bombonas se hace, de manera oficial, cada mes y medio.
En el comedor para niños de bajos recursos donde trabaja, una bombona de 10 kilos dura apenas ocho días, lo que la obliga a ella y los demás voluntarios a «caer en manos» de los informales, que cobran hasta 10 dólares.
El precio oficial, al menos en San Blas, es de 15 bolívares, unos 57 centavos de dólar.
Según un reciente estudio del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (OVSP), el 39 % de los ciudadanos evalúa de manera negativa el servicio de gas por bombonas, principalmente por la «baja frecuencia» de recarga.
Además, el 54,8 % utiliza «otros métodos» para cocinar, fundamentalmente hornilla o cocina eléctrica, en un 76,2 % de los casos, y leña, en un 19,6 %.
El Gobierno achaca este y otros problemas con los servicios básicos a las sanciones internacionales que impiden modernizar los sistemas y darles el mantenimiento requerido.
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