Afectados por la no culminación del Terminal Turístico de San Diego solicitaron ante el Instituto Nacional de Tierras Urbanas un pronunciamiento sobre la cadena titulativa del terreno donde se estaba ejecutando la obra, y el organismo determinó que no existen documentos que acrediten a la Alcaldía de San Diego como propietaria del área.
Saro Spinalli y demás afectados sostienen que en el documento del Intu se menciona que en la documentación analizada solo en una parte se deja ver una naturaleza de usufructo y en ninguno de los documentos corresponde a una venta pura, simple, perfecta e irrevocable y en otra no corresponde ni en ubicación ni forma parte de la cadena titulativa ni que corresponda a la tradición legal del terreno en referencia.
A su entender se deja ver claramente la inexactitud de todos los documentos en los cuales se basa el complejo Industrial Castillito (zona industrial castillito), ya que el documento base y referencia para todas las transacciones de la zona industrial castillito carece de validez jurídica.
Señalan que el pronunciamiento del organismo rector en tierras urbanas, de igual manera expresa que la aclaratoria por mesura del terreno, realizada por la alcaldía de San Diego en su oportunidad, fue también objeto del análisis y arroja que existe incongruencia en cuanto a la secuencia y por lo tanto en la titularidad y en el uso del terreno citado.
Estiman que sus derechos como inversionistas fueron violados, a su vez queda a la luz una presunta estafa inmobiliaria por la inejecución de las acciones legales que debió tomar la alcaldía en su debido momento para salvaguardar tanto el patrimonio de la nación, como el de los inversionistas involucrados.
Los más de 500 afectados por la situación hacen un llamado a todos los organismo competentes a fin de hacer justicia ante tan notable hecho, que lleva más de 10 años de que se inició y se ha mantenido en el silencio “ complaciente” de la alcaldía de San Diego e Ingeniería GBR.
Agregan que el caso es llevado por la fiscalía 30 con competencia nacional, pero hasta la fecha no hay ningún tipo de pronunciamiento al respecto. A sabiendas de la cantidad de personas afectadas, el expediente sigue reposando sin ningún tipo de avance en la ciudad de Caracas.
Según señalaron, el pasado martes 24 de enero del 2023, se le entregó a la alcaldía y al Concejo Municipal de San Diego un oficio con los soportes contentivos de la consulta elevada ante el INTU.
De nuevo emplazan acalde y al concejo municipal a resolver este problema que afecta a más de 500 familias de manera perentoria.
Información con nota de prensa, tomada de El Carabobeño
Foto: tomada de El Carabobeño
