El 16 de febrero de este año, el gobierno de la primer ministro de Aruba, Evelyn Wever-Croes propuso, mediante un comunicado, reabrir la frontera con Venezuela a partir del 1° de mayo, pero no de manera total, como planteó una semana atrás el gobierno de Curazao, y siempre que se cumplieran las condiciones establecidas en la reunión de enero.
En octubre pasado, Wever-Croes reiteró que una eventual reapertura debe darse “bajo condiciones bien definidas” y destacó la preocupación de su gobierno por temas como la inseguridad y la migración irregular.
Según cifras de la plataforma R4V, liderada por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y la Organización Internacional de Migraciones (OIM), hasta 2021 Aruba albergaba a más de 17.000 venezolanos y, según su gobierno, 15 % están en situación irregular, pues la isla solo ha dado asilo a 2 % de los solicitantes.
Aruba plantea una primera etapa de reactivación solo para la frontera marítima y así reactivar la importación de productos venezolanos como alimentos y materiales de construcción, para bajar el costo de la vida en la isla. La segunda etapa, la aérea, aún no tiene fecha de inicio.
