EFE
El Poder Judicial aumentó en un 74 % el número de sentencias emitidas por tribunales especializados y no especializados de todo el país durante el año pasado respecto a 2021, dijo este martes la presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Gladys Gutiérrez, en la presentación del informe anual de las actividades de los órganos judiciales.
La funcionaria señaló que, durante el año pasado, se emitieron 423 mil 242 sentencias en “todos los ámbitos materiales y territoriales”, lo que representa un “incremento del 74,43% de productividad respecto” a 2021.
“Con ello, se impartió justicia en aras de garantizar la supremacía y efectividad de la Constitución y con el sentido especial de brindar protección a los derechos fundamentales del pueblo”, dijo la magistrada, en un acto solemne que marcó el comienzo del año judicial 2023, al que asistió el presidente Nicolás Maduro.
Aseguró que el aumento de los “índices de productividad del Poder Judicial (…) ha sido un objetivo permanente y transversal en todas las materias jurisdiccionales”, lo que -señaló- se evidenció en 2022, cuando se alcanzaron “altos niveles de eficiencia cualitativa y cuantitativa”.
Actividades académicas
Además, indicó que se celebraron 54 actividades académicas, entre ellas foros, talleres, charlas y conferencias, donde participaron 2 mil 694 personas, y se creó el diplomado en Género y Derechos Humanos para la capacitación de jueces en materia de violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes.
Por otra parte, afirmó que se han hecho “esfuerzos para apuntalar, desde el Poder Judicial, el posicionamiento de Venezuela a nivel internacional”, a lo que atribuyó que el país fuera “escogido como sede de la segunda Ronda de Grupos de Trabajo de la XXI Edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana”, que se celebrará “entre el 29 de marzo y el 1 de abril”.
Gutiérrez fue juramentada en abril de 2022 como presidenta del TSJ, cargo que ya había ejercido entre 2013 y 2017, antes del nombramiento de Maikel Moreno.
La presidenta del Supremo fue sancionada por el Gobierno de EE.UU en el año 2017 por ser responsable del socavamiento del Estado de derecho en Venezuela. EFE
