La primera de dos audiencias de apelación para reanudar la investigación sobre Venezuela tuvo un resultado adverso para el gobierno de Nicolás Maduro: «Venezuela no está investigando o no ha investigado los hechos penales que podrían constituir crímenes a los que se refiere el artículo 5 del estatuto, en una investigación que equivalga a la esperada por el fiscal».
Esa fue la aseveración del juez de la Corte Penal Internacional Marc Perrin de Brichambaut, este martes, y de la que entidades como la ONG Provea y diversos medios de comunicación se hicieron eco de manera inmediata.
En la Sala de Apelaciones del tribunal con sede en la ciudad de La Haya, Países Bajos, el abogado Ben Emmerson, designado por Caracas, insistió en rechazar la decisión de continuar la investigación por presuntos crímenes perpetrados en el país, tal como reseñó la Voz de América (VOA).
«El fiscal nunca identificó a ningún alto funcionario del que sospeche que esté implicado en alguno de los delitos que pretende investigar. De hecho, ha subrayado constantemente que su examen de la situación nunca llegó a la fase de investigar a ningún sospechoso individual», argumentó
No obstante, los activista de derechos humanos tienen otra visión del asunto. Una de ellas, Ana Yánez, subrayó la importancia de las denuncias: «Tenemos una cantidad de expedientes que se hicieron donde se demuestra. Sabemos que viene otra evaluación, pero vamos a seguir exigiendo que el Gobierno cumpla con los derechos humanos», manifestó.
Por su parte, Ali Daniels, director de la ONG Acceso a la justicia, sostiene que los argumentos del Gobierno para apelar están basados en elementos sin mayor sustentación: el oficialismo «lo que puso hoy de manifiesto fue cómo el sistema de justicia venezolano no tiene la intención ni la capacidad para continuar con la averiguación», relató.
Según el gobierno venezolano, desde el 2017 más de 200 funcionarios de la policía o el ejército han sido acusados por violaciones a los derechos humanos.
La respuesta gubernamental ha sido la de congratularse por supuestamente haber podido desmontar los argumentos de la Corte para reanudar la investigación sobre las vulneraciones de los DD.HH. en Venezuela.
La segunda audiencia tendrá lugar este 8 de noviembre entre las 9:00 am y las 3:00 pm (hora La Haya).