Los emigrantes se entregaron a las patrullas de El Paso, en Texas, sin saber que el juez federal Emmet Sullivan ha concedido, casi a regañadientes, un plazo de cinco semanas a la administración de Joe Biden para que se prepare ante la nueva oleada migratoria que ya llama a sus puertas. Los venezolanos que habían llegado en las semanas previas hasta las orillas del Río Bravo (Río Grande para EEUU) se negaban a dar marcha atrás, por lo que montaron un campamento con tiendas de campaña y plásticos, pese a las temperaturas gélidas cuando llega la noche.
La policía mexicana retiró más de un centenar de las tiendas de campaña abandonadas por sus ocupantes, mientras sus compañeros sopesaban seguir sus pasos, en medio de la desinformación reinante. El júbilo del primer momento, que incluyó plegarias multitudinarias presididas por una gigantesca bandera de Venezuela, se ha tornado ahora en la misma incertidumbre que les acompaña desde que iniciaran su camino hace meses atravesando la peligrosa selva panameña del Darién.
El juez Sullivan anuló por «arbitrario y caprichoso» el polémico Título 42, decretado por Donald Trump durante la pandemia, por el cual las autoridades estadounidenses podían expulsar a los emigrantes que pedían asilo en la frontera. Con la llegada de los demócratas, el Título 42 no se derogó, pero se flexibilizó en especial para venezolanos y cubanos.
El aumento de la presión migratoria y la contienda electoral empujaron a Washington a cerrar totalmente su frontera para los venezolanos, dejando en tierra de nadie a miles de criollos, tanto en México, como Centroamérica y Colombia. Sin sus ahorros, gastados en la travesía, sin ni siquiera poder pagar un alojamiento y a expensas de la solidaridad para alimentarse o recibir asistencia médica.
Tras el boicot a los venezolanos, los emigrantes cubanos les han reemplazado en la estadística de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de EEUU: casi 30.000 cruzaron la frontera sur solo en octubre.
