EFE
El embajador de Colombia en Venezuela y una de las personas más cercanas a Gustavo Petro durante su campaña, Armando Benedetti, aseguró este jueves que no se mantiene en el cargo «por el fuero, ni por el sueldo».
«Adelantaré desde territorio colombiano el proceso de entrega y empalme de la Embajada en Venezuela», dijo el funcionario apartado de su cargo junto a la exjefa de gabinete de Petro, Laura Sarabia, por un escándalo de supuestas interceptaciones telefónicas ilegales y pruebas de polígrafo que, incluso, acabó con terminó con el suicidio de un policía de la Presidencia.
La renuncia de Benedetti debería haberse hecho efectiva el pasado 23 de junio, pero la Cancillería, a través de un decreto, la extendió hasta el 19 de julio.
Aseguró que «no le es posible hacer entrega efectiva del cargo dentro del plazo inicialmente previsto» por «la multiplicidad de asuntos pendientes que incluyen temas administrativos, presupuestales, de organización e implementación relacionados con la reapertura de la embajada y todos aquellos que se relacionen con su cargo diplomático»
EL «FUEGO AMIGO» DE BENEDETTI
El embajador, que será próximamente reemplazado por Milton Rengifo, apareció involucrado en el caso de los supuestos abusos de poder cometidos contra la antigua niñera que trabajaba para Sarabia como supuesto filtrador de la información a la prensa.
Esto se unió al suicidio confirmado del teniente coronel Óscar Dávila, quien supuestamente tuvo que ver con el interrogatorio ilegal al que fue sometida la exniñera en una dependencia de la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo.
Asimismo, en unos audios divulgados por la revista Semana, Benedetti reclamó a Sarabia un puesto mejor en el Gobierno alegando que él gestionó 15.000 millones de pesos (unos 3,4 millones de dólares) para la campaña de Petro y dijo que si contara quiénes la financiaron en la costa atlántica, «nos hundimos todos, nos acabamos todos, nos vamos presos».
Esa declaración, y los hechos anteriores, han hecho que tanto Benedetti como Sarabia estén siendo investigados por la Fiscalía colombiana.
El propio canciller colombiano, Álvaro Leyva, cuestionó ante la prensa las amenazas de Benedetti alegando que «él mismo dice ‘yo soy un drogadicto».
En relación a los expedientes que lo vinculan y que son previos a su llegada al cargo diplomático, Benedetti se refirió a la magistrada Cristina Lombana como una persona de la que duda por «su interés personal» sobre sus procesos, aunque insistió en que «nunca» ha dudado de la «imparcialidad» de la Corte Suprema de Justicia.
Cuando Benedetti asumió su cargo en Venezuela, la Corte Suprema de Justicia determinó que no podía continuar con los procesos que cursaban en su contra y, tras este anuncio, las investigaciones pasaron a manos de la Fiscalía. Fue entonces cuando la magistrada Lombana pidió que se le devolvieran a su despacho de la Corte.
