EFE
El Consejo Nacional Electoral (CNE) abrió este jueves el período de inscripción de aspirantes a las presidenciales del próximo 28 de julio, que podrán oficializar su candidatura hasta el próximo lunes, día 25 de marzo, fecha en la que, según el cronograma de los comicios, concluye el lapso para inscribirse.Por el momento, se desconoce cuántos candidatos se postularán, ya que algunos de los que habían anunciado su intención de aspirar a la Presidencia no lo podrán hacer por estar inhabilitados por la Contraloría para ocupar cargos públicos de elección popular, como el caso de María Corina Machado, elegida como candidata de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), el mayor bloque opositor, en las primarias del pasado 22 de octubre.
Maduro busca su tercer mandato
El oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) eligió como candidato a Nicolás Maduro, quien aceptó la propuesta de militantes y simpatizantes chavistas, y concurrirá a las elecciones en busca de su tercer mandato consecutivo.Además de Maduro, confirmaron que se inscribirán en el CNE para las próximas elecciones los opositores Leocenis García, por la formación Prociudadanos; el diputado Luis Eduardo Martínez, por el partido Acción Democrática (AD); José Brito, por Primero Venezuela; y Javier Bertucci, por El Cambio.
Se desconoce el candidato de bloque opositor mayoritario
Tras la ratificación de la inhabilitación de Machado por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) -una situación en la que se encuentran decenas de opositores- se desconoce quien será el aspirante del bloque opositor, en sustitución de la elegida en las primarias.
Ante estas sanciones administrativas que impiden a los afectados aspirar a cualquier cargo público mediante unas elecciones, diversos partidos, organizaciones sociales y la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) pidieron que se garantice la posibilidad de participar a quienes desean competir por la Presidencia.
La CEV dijo esta misma semana que los órganos del Estado que están al servicio del pueblo y todas las instituciones políticas y sociales deben trabajar para garantizar la posibilidad real de participación equitativa en este proceso, tanto de electores como de candidatos.
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