EFE
La Asamblea Nacional, de contundente mayoría oficialista, aprobó este jueves, por unanimidad, la Ley Orgánica de Extinción de Dominio que busca recuperar bienes relacionados con la corrupción para luego invertir esos recursos en programas sociales, infraestructura o servicios públicos, entre otros.
En sesión ordinaria, el presidente del Legislativo, Jorge Rodríguez, celebró la «celeridad» con la que se trabajó el texto legal, lo declaró sancionado y lo remitió a la Sala Constitucional del Supremo para su revisión y posterior promulgación.
La ley, aprobada en primera discusión el pasado 31 de marzo, consta de 48 artículos y fue aprobada en medio del escándalo por tramas de corrupción reveladas recientemente por las que han sido detenidas 61 personas, entre ellas varios funcionarios.
«Quiero felicitar a la Comisión Permanente de Política Interior de la AN por la manera clara, prístina, firme, manejándose con un criterio de urgencia y celeridad, en el proceso de redacción y consulta, luego de aprobada en primera discusión, para que pudiera ser traída esta ley muy importante en la lucha contra la corrupción en Venezuela», dijo el diputado.
Diosdado Cabello revisará leyes relacionadas con la lucha anticorrupción
Además, anunció que se creó una comisión especial del parlamento que será presidida por el diputado Diosdado Cabello y que se encargará de revisar «todas las leyes relacionadas con la lucha contra la corrupción, para hacerlas más enérgicas y para hacerlas más eficientes».
Estas acciones, añadió Rodríguez, servirán «para que la impunidad no sea moneda de uso por parte de corruptos o de personas pertenecientes al sector privado que son corruptas también, no solamente funcionarios públicos».
Durante la primera discusión de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, Cabello puntualizó que con esta norma no se reconocerá el derecho a la propiedad privada «cuando se trate de bienes obtenidos producto de actividades ilícitas», como tampoco los «destinados a esas actividades contrarias a la ley».
Además, explicó que los recursos recuperados serán destinados al sistema de protección social, a los servicios públicos, la infraestructura pública, programas de atención y reparación a las víctimas de actividades ilícitas y a las instituciones encargadas de combatir la corrupción.
