Bastaron menos de 48 horas para que a la recién conocida Ley de Desmantelamiento le estallará otra polémica. Tal como está en el articulado, a la paz total podrían entrar cárteles de droga de carácter transnacional cuyos máximos jefes dan las órdenes desde cárceles de máxima seguridad en el extranjero, entre ellos la peligrosa banda El Tren de Aragua, dirigida desde Venezuela.
Con esa puerta abierta, poderosos carteles de droga como el Tren de Aragua, Los Maracuchos y el Cartel de Sinaloa –todos ellos con presencia extendida en el país– podrían acogerse a esa Ley de sometimiento que les ofrece pagar todos sus delitos en máximo 8 años de cárcel y quedarse hasta con el 6 % de los bienes y riquezas adquiridos como fruto del narcotráfico, el secuestro y la extorsión.
El documento de esa ley, que actualmente está a la espera de la revisión técnica del Consejo de Política Criminal, se convirtió en una de las principales noticias del país y de la agenda legislativa.
¿Someter al Tren de Aragua?
Lo cierto es que, con esa posibilidad de someter al Tren de Aragua bajo el mismo criterio que a grupos de carácter nacional como el Clan del Golfo, las Autodefensas de la Sierra Nevada de Santa Marta y Los Pachelly, hasta los más expertos y aliados de la paz se hacen preguntas que el proyecto, por sí solo, no es capaz de responder.
El coordinador de Convivencia y Seguridad Ciudadana de la Fundación Paz y Reconciliación, Isaac Morales, se cuestiona, por ejemplo, qué tratamiento se le daría a los ciudadanos extranjeros que hacen parte de dichas estructuras armadas. “El conducto regular sería extraditarlos a su país de origen –que en su mayoría es Venezuela– pero ahí no habría un beneficio para que ellos se sometan”, dice, por lo que cree difícil que grupos como ese terminen acogiéndose.
Lo delicado es que el Tren de Aragua no es una banda cualquiera. Según InSight Crime, esa banda es la más peligrosa de toda Venezuela y tiene incidencia en Colombia y cinco países más: Brasil, Perú, Ecuador, Chile y Bolivia.
Pese a tener comandantes locales y estar aliado a las microbandas de cada país para coordinar temas de microtráfico, los movimientos y decisiones del grupo se manejan desde la cárcel de máxima seguridad de Tocorón, en Venezuela.
Desde allí, el máximo líder del Tren, Héctor Rustherford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, controla a la cárcel y a la organización transnacional. Un punto que dificultaría aún más que subestructuras en Colombia se desmovilicen.
Además, InSight Crime asegura que el tren ha logrado sobrevivir con brazos en buena parte de América Latina “gracias a largos periodos de impunidad propiciados por el gobierno de Nicolás Maduro en zonas claves, como su base principal en Aragua”, por lo que es un grupo armado sumamente fortalecido.
En Colombia, el Tren tiene estructuras fuertes en Cúcuta, Ipiales y Bogotá. Ahí en la capital, la estructura fue noticia todo el segundo semestre de 2022 por una serie de cuerpos desmembrados que empezaron a aparecer en varios puntos de la ciudad y que se le atribuye a ajustes de cuentas del Tren y sus aliados.
Por ahora, al proyecto de Ley le falta la luz verde del Consejo de Política Criminal para pasar a su prueba de fuego en el Congreso. Si pasa, el Gobierno espera desmovilizar a por lo menos 20.000 hombres armados de las estructuras más sanguinarias del país
Información completa tomada de El Colombiano
Foto: El Colombiano
