Durante la sesión ordinaria de este martes, la Asamblea Nacional (AN) aprobó por unanimidad la Ley Orgánica de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico.
Esta normativa, que se convierte en la ley número 14 sancionada por el Parlamento en lo que va de 2026, marca un hito importante en la regulación del sector energético nacional tras un debate que inició su segunda discusión el pasado 22 de octubre y se desarrolló a lo largo de cuatro sesiones ordinarias.
Alcance y nuevas disposiciones de la norma
El texto legal establece las directrices fundamentales para regular la red y el suministro energético en el país, contemplando de forma específica las reglas aplicables a los intercambios internacionales de energía. Esto abarca integralmente los procesos de generación, transmisión, despacho del sistema, distribución y comercialización eléctrica.
Apertura económica y participación privada
Uno de los componentes más destacados del alcance de la ley es la habilitación de espacios para la inversión y participación de la iniciativa privada. Durante el debate legislativo, se aclaró puntualmente que el articulado —en especial el artículo 64— no constituye un proceso de privatización de la industria eléctrica nacional.
«La ley no promueve, en modo alguno, la privatización del sistema eléctrico nacional, sino la apertura para que sectores privados puedan incorporarse a la generación, a la autogeneración de electricidad y puedan, en ese sentido, obtener algún tipo de transacción comercial sobre esa electricidad», puntualizó el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez.
Asimismo, el diputado enfatizó que el Estado mantendrá de forma indeclinable la responsabilidad de garantizar el suministro eléctrico en todos los sectores, priorizando la atención y protección de las comunidades más vulnerables.
Próximos pasos legales
Tras su sanción unánime en el parlamento, el proyecto de reforma será remitido de manera inmediata al Ejecutivo Nacional para su promulgación oficial por parte de la mandataria y la posterior redacción del reglamento correspondiente que regirá su aplicación en el territorio nacional.
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