EFE
El Gobierno del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, quiere convencer a sus aliados de que el conflicto causado por el asalto a la Embajada de México para detener a Jorge Glas, exvicepresidente de Rafael Correa, es un acto de compromiso en la lucha contra la corrupción. Además, es en respuesta a lo que considera una infracción de México a los estatutos internacionales que regulan el derecho de asilo.
Buscan defender la irrupción a la sede diplomática de México. Han recibido un amplio repudio y condena de la comunidad internacional, pues numerosos países ven que se ha traspasado una línea roja al entrar a la fuerza en una embajada extranjera.
Según dijo este lunes la canciller Gabriela Sommerfeld en una entrevista, el Gobierno aseguró tener indicios de un riesgo de fuga de Glas.
Para el Ejecutivo ecuatoriano, el Gobierno del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador transgredió el artículo tercero de la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954 y el artículo 1 de la Convención de Montevideo sobre Asilo Político de 1993.
En estas se señala que «no resulta lícito conceder asilo a personas condenadas o procesadas por delitos comunes y por tribunales ordinarios competentes». Recordado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador en un comunicado emitido el domingo para explicar su proceder a la comunidad internacional.
Glas obtuvo asilo en la Embajada de México, pero tenía dos condenas y una imputación
Antes de que Glas solicitara asilo a México, ya estaba imputado. Todo por un presunto delito de malversación de fondos públicos en el caso de la reconstrucción de Manabí, la provincia más afectada por el fuerte terremoto de 2016.
También debía volver a prisión para terminar de cumplir una pena de ocho años de cárcel por dos sentencias por cohecho y asociación ilícita. Su solicitud de acceder al beneficio penitenciario de la prelibertad se rechazó tras haber cumplido cerca de cinco años en prisión entre 2017 y 2022.
Sin embargo, Glas siempre ha rechazado todas las imputaciones y acusaciones en su contra. Se ha declarado un perseguido político y víctima de ‘lawfare’ (utilización del aparato judicial contra adversarios políticos), al igual que el resto de miembros del correísmo que están procesados y condenados. Tales como el propio Correa (2007-2017), que reside en Bélgica desde 2017 donde cuenta con la condición de refugiado.
El Gobierno de Ecuador manifestó que es un país respetuoso del derecho internacional. No persiguen a persona alguna por motivos de raza, religión, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas.
«Para el Ecuador, la concesión de asilo diplomático (a Glas) no sólo es un acto ilícito de México en el contexto de las mencionadas disposiciones de las convenciones sobre asilo, también contraviene el numeral 3 del artículo 41 de la Convención de Viena. Esto porque los locales de la misión no deben utilizarse de manera incompatible con las funciones de la misión».
Ecuador denuncia intromisión en asuntos internos
El asalto policial a la Embajada de México para una persona que acababa de recibir el asilo se dio un día después de que el Gobierno de Noboa expulsara a la embajadora mexicana, Raquel Serur, por unas declaraciones de López Obrador que consideró como inadmisibles.
Dentro del contexto del proceso electoral en México, López Obrador relacionó el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en Ecuador con el resultado final de los comicios, donde Noboa se impuso en la segunda vuelta a la candidata correísta Luisa González.
Esto está calificado por la administración de Noboa como una intromisión en asuntos internos de Ecuador. También se ha interpretado como una transgresión a la Convención de Viena sobre la que México denuncia al país andino por el asalto a su embajada en Quito.
«El presidente de México se ratificó en sus declaraciones, afectando la estabilidad democrática, soberanía y dignidad del Ecuador. Paralelamente, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México informó que el Gobierno de México decidió otorgarle el asilo político en su Embajada», señaló el Ministerio de Exteriores ecuatoriano.
Sommerfeld agregó que hubo pedidos para que aviones oficiales de México aterrizaran en Quito para trasladar a la delegación diplomática que había sido expulsada.
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