EFE
En la red social X, Amnistía Internacional aseguró que «está monitoreando la denuncia de desaparición forzada» de San Miguel. Pidió respeto a sus derechos y a la medida cautelar de protección dictada a su favor por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2012. También abogó por el «acceso a abogados y familiares».
Varias ONG locales y partidos políticos opositores también exigieron este domingo la liberación de la activista.
El coordinador general de la ONG Provea, Oscar Murillo, exigió al fiscal general, Tarek William Saab, y al defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, información y la inmediata liberación de Rocío San Miguel.
El Frente Amplio de Mujeres rechazó contundentemente la «detención arbitraria y desaparición» de la activista. Ellas exigieron de inmediato fe de vida. Alertaron a la comunidad internacional de «esta escalada de represión a las puertas de una elección presidencial».
La ONG Un Mundo Sin Mordaza indicó que ya se cumplieron «48 horas de la desaparición» de San Miguel. El Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional) y Dgcim (Dirección General de Contrainteligencia Militar) hizo el arresto en el aeropuerto» internacional de Maiquetía.
Más ONG piden liberación de Rocío San Miguel
Las organizaciones Una Ventana a la Libertad (UVL), Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), Familia SOS Libertad, Voto Joven, Centro de Justicia y Paz (Cepaz), Fundaredes, Transparencia Venezuela, Observatorio de Violencias LGBTIQ+ y Civilis también rechazaron, a través de mensajes en X, la detención de la activista.Por su parte, dirigentes antichavistas, quienes condenaron la detención, alertaron a la comunidad internacional de este hecho, del que responsabilizan al Gobierno del presidente Nicolás Maduro.
La activista y defensora de derechos humanos informó este mes sobre una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH). Según explicó el Estado venezolano debe presentar, «a más tardar el 6 de mayo», un informe sobre el cumplimiento de una sentencia dictada en 2018 a su favor y de otras dos personas. El caso es el despido de sus cargos públicos en 2004, tras haber firmado la convocatoria a referendo revocatorio del entonces presidente Hugo Chávez.
