EFE
Un total de 242 organizaciones no gubernamentales, entre ellas 15 internacionales, rechazaron este miércoles la intervención judicial de la Cruz Roja Venezolana, al considerar que la medida sienta un «grave precedente» para las asociaciones civiles en el país.
En un comunicado, las ONG tildaron como un «cuestionable fallo» la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), publicada el pasado viernes, de cesar a la directiva y nombrar una junta reestructuradora encabezada por Ricardo Cusanno, expresidente de Fedecámaras, la mayor patronal del país.
«Alertamos que tal decisión constituye un agravamiento de un patrón de intervenciones violatorias a las diferentes expresiones de la sociedad civil que se viene produciendo en el país», dicen las organizaciones que creen que este hecho «viene a agravar las ya severas privaciones que sufre la población» que recibe asistencia humanitaria.
A juicio de las ONG, esta sentencia se enmarca en los «esfuerzos tendientes a estatizar la sociedad civil» y «deja abierta la posibilidad de abolir el carácter autónomo e independiente de otras organizaciones sociales en Venezuela».
Por ello, piden que el TSJ «cese el patrón de intervención de las diferentes expresiones de la sociedad civil» y «que se respete la voluntad y capacidad de decisión de la Sociedad Venezolana de la Cruz Roja para que sus órganos naturales decidan los cambios que deban hacerse, garantizando la continuidad de sus labores».
«Que cesen las medidas o acciones legislativas, administrativas y judiciales desde el Estado dirigidas al cierre del espacio cívico en el país, así como los discursos y campañas de criminalización, estigmatización y persecución de las organizaciones no gubernamentales», prosigue el escrito.
Además, las ONG piden a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas y a la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU que «registren y hagan seguimiento de este ataque».
La nueva junta directiva «ad hoc» de la Cruz Roja venezolana recibió este miércoles a delegados de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC) para elaborar «la hoja de ruta» que garantizará, en un período máximo de un año, «elecciones democráticas» dentro del organismo.
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