EFE
El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, afirmó este miércoles que las sanciones económicas impuestas contra la nación son crímenes de lesa humanidad y pidió responsabilizar a quienes las solicitaron.
«Si usted somete a un pueblo a no poder acceder a medicinas, alimentos, insumos para su industria, si usted saca a un país del sistema financiero, está condenándolo a la enfermedad y a la muerte, eso es un crimen de lesa humanidad», indicó Rodríguez en una sesión especial al cumplirse los 212 años de la independencia de Venezuela.
Ante esto, el parlamentario pidió empezar una campaña en todo el país para denunciar y responsabilizar a los «criminales» que impusieron estas sanciones, entre los que mencionó al expresidente de Estados Unidos Donald Trump.
Asimismo, pidió establecer responsabilidades contra los venezolanos que solicitaron estas medidas.
«Una campaña que establezca responsabilidades, que aquellos que habiendo nacido en esta tierra se atrevieron a pedir destrucción y muerte contra sus propios hermanos de sangre, contra gente decente, digna», añadió.
Inhabilitación a candidatos de las primarias
Además, cuestionó a aquellos opositores que ahora aspiran a postularse como candidatos presidenciales después de haber pedido imponer sanciones económicas.
La Controlaría General de Venezuela decidió inhabilitar a María Corina Machado durante 15 años, tras una investigación patrimonial en la que -aseguró la institución- se determinaron errores y omisiones en las declaraciones juradas de patrimonio evaluadas durante la auditoría correspondiente.
Además, dijo que Machado ha sido partícipe de la «trama de corrupción orquestada» por el exdiputado opositor Juan Guaidó, que propició el «bloqueo criminal» a Venezuela, así como también el «despojo descarado» de las empresas y riquezas de la nación en el extranjero, con la «complicidad de Gobiernos corruptos».
Según el Gobierno de Nicolás Maduro, el país dejó de percibir 232.000 millones de dólares en el sector petrolero debido a las sanciones impuestas por Estados Unidos, un dinero que, asegura, se pudo haber usado para la «educación, salud, alimentación, vivienda e infraestructura».
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