Representantes del Frente Nacional de Abogados de Venezuela ( FNAV), acudieron el pasado miércoles 5 de abril a la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía Superior de Carabobo, a solicitar a esos organismos que integran el Poder Ciudadano investiguen la corrupción que se registra en el sistema judicial venezolano.
El anuncio lo hizo el jurista Noé Mujica, presidente del FNAV, junto a otros miembros de esa organización, así como integrantes del Movimiento de Unidad Gremial y Funda Presos, en el marco de las actividades que ha emprendido el gremio de abogados en defensa del libre ejercicio la profesión y contra las irregularidades que imperan en el Poder Judicial del país.
Mujica manifestó que esos órganos competentes públicos tienen la obligación de garantizar que se respete el estado de derecho, el cual está siendo violado con la designación irregular de jueces y la aplicación del denominado Plan Cayapa, supuestamente desplegado para contrarrestar el retardo procesal pero que impide a los acusados de algún delito disponer de un abogado privado para su defensa.
Recordó que entre las funciones del Poder Ciudadano conformado por el Ministerio Público, la Contraloría General de la República, y la Defensoría del Pueblo, se encuentran prevenir, investigar o sancionar hechos que atenten contra la ética pública y la moral administrativa. Así como velar por que se cumplan los principios constitucionales del debido proceso en toda la actividad administrativa del Estado venezolano.
Asimismo, esa máxima instancia se encarga de efectuar la segunda preselección de los candidatos a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, la cual luego será presentada a la Asamblea Nacional, procedimiento que se estaría violando ya que los jueces son designados sin cumplir el concurso de presentación de credenciales, tal como lo establece el artículo 255 de la Constitución Nacional
Indicó que hacen esa solicitud amparados en los artículo 32 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano que permite a los ciudadanos o ciudadanas solicitar que se investigue irregularidades en las que presuntamente se encuentre incurso un magistrado o magistrada del Tribunal Supremo.
Además, sostuvo que el artículo 38 de la misma ley da potestades de investigación, al Consejo Moral Republicano, órgano de expresión del Poder Ciudadano, el cual podrá requerir a cualquier ente público o privado informaciones y documentos que sean necesarios para esclarecer los hechos de corrupción que se investigan.
Por último, detalló que el Frente Nacional de Abogado de Venezuela emprenderá una gira por todo el país con la finalidad de invitar a todos los colegas juristas a que se sumen a la lucha por la defensa del libre ejercicio de la profesión y contra la corrupción que impera en el Poder Judicial de Venezuela.
Nota de prensa
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